Desde que entró en vigor de la Ley de Dependencia, ya se ha superado la cifra del millón de beneficiarios del Sistema Público de la Dependencia, alcanzando las 1.000.209 personas dependientes que tienen reconocido su derecho a prestación.
No obstante, no todas esas personas disfrutan de las prestaciones sociales a las que tienen derecho por ser dependientes. A pesar de que en los últimos años se ha avanzado en la cobertura del Sistema Público de Dependencia, la lista de espera de personas que, pese a tener reconocido el grado de dependencia, todavía están a la espera de recibir su prestación de dependencia, es elevada.
El número de personas que han visto reconocida su situación de dependencia, pero que aún no cuentan con la prestación o el servicio que les corresponde, asciende todavía a 278.597 personas y la gran mayoría de ellas son personas mayores que ven agravados sus problemas de salud por la edad.
Prestaciones y servicios de dependencia
Aproximadamente, los servicios a dependientes representan dos terceras partes de las prestaciones reconocidas hasta la fecha y el resto son indemnizaciones para las familias de personas dependientes.
Este dinero debe ayudar a cubrir el coste que supone tener una persona dependiente en casa, ya sean medicinas, asistentes para el cuidado del enfermo o cualquier otro gasto relacionado con la dependencia del familiar.
Lo cierto es que, además de llegar tarde, el Sistema Público de Dependencia no cubre todos estos gastos. Realmente es un sistema de copago, en el que las Administraciones Públicas aportan sólo una parte de las necesidades totales de las personas que tienen reconocido algún grado de dependencia. Además, la Administración puede aplicar un descuento en las prestaciones reconocidas por razones de renta y patrimonio.
Hay personas dependientes que necesitan cuidados constantes y tienen que ingresar en una residencia, o precisas de servicio de ayuda a domicilio para realizar tareas del día a día. Otras personas tienen un grado de dependencia que les obliga a ingresar en centros de día o de noche, o disponer de servicios de teleasistencia o un cuidador que les ayude a desempeñar rutinas que no son capaces de realizar por sí solos.
Todos estos servicios cuestan dinero. Y las familias con personas dependientes se ven obligadas a realizar un importante esfuerzo económico y personal, que actualmente no se cubren con las prestaciones públicas del Sistema de la Dependencia.
Los Seguros de Dependencia privados
Una alternativa que puede mejorar la situación de las familias de ese millón de personas dependientes son los Seguros de Dependencia privados. Estas pólizas las puede contratar cualquier personas de entre 18 y 70 años, y cubren el riesgo de que una persona, ya sea por accidente o enfermedad, quede en situación de dependencia.
Las coberturas de los Seguros de Dependencia están enfocados a la cobertura de personas en situación de Gran Dependencia o Dependencia severa, aunque entre las garantías de estas pólizas se puede incluir un Seguro de Vida y otras coberturas que pueden ayudar a la familia y al propio asegurado en caso de ser declarado como dependiente.
Las pólizas de Dependencia cubren este tipo de siniestros con la indemnización de un capital que normalmente se percibe en forma de renta vitalicia. Un dinero con el que se busca complementar las prestaciones públicas que, como hemos señalado, no cubren la totalidad de los gastos de la Dependencia.
Además, estos Seguros vienen acompañados de incentivos fiscales, de forma que las cantidades aportadas se pueden reducir en el IRPF, hasta un cierto límite, como te contamos en este blog.